PENA de MUERTE ¿Viable o no?



Este miércoles se envió a la Comisión de Gobernación la iniciativa 5714, la cual busca aprobar la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. La solicitud fue enviada por la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo del partido Valor. Esto debido a los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, la diputada argumenta la propuesta haciendo énfasis en registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que revelan la inseguridad en que viven muchas mujeres y hombres, destacando la muerte violenta de 59 mujeres y más de 250 hombres en distintos puntos del país.


Ya son varios los diputados que han ofrecido la reactivación de la pena de muerte. Sin embargo, esto no es tan simple, existe un proceso en el cual Guatemala podría ser afectado.


¿Se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala?


Años atrás, las leyes del país castigaban con pena de muerte los delitos de asesinato, ejecución extrajudicial, parricidio, torturas seguidas de muerte, plagio o secuestro, magnicidio y la desaparición forzada.


Antes de ejecutar a un prisionero condenado a muerte, se le debía dar el derecho a pedir el indulto presidencial, es decir, el presidente tenía la capacidad de “perdonar” o no la vida del condenado. Esto se hacía como una garantía establecida por el artículo 4.6 del pacto de San José. El indulto fue derogado por el presidente de la República Alfonso Portillo.


4.6 Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente (Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22 noviembre 1969).


A partir del 2000, año en el que el decreto 159 fuese derogado, ya no existió un proceso para que el condenado solicitara el indulto presidencial, volviendo inaplicable la pena de muerte en el país. Los jueces podían condenar a un prisionero, pero sin la existencia del indulto el tramite de ley no avanzaba y simplemente pasaban su condena en la cárcel.


Los presidentes posteriores, al igual que las respectivas legislaturas en el congreso, no resolvieron nada al respecto de la derogación de dicho decreto. El expresidente Álvaro Colom vetó un decreto legislativo que buscaba la restauración del indulto presidencial (tal como se intenta actualmente), a partir de entonces los intentos por restablecerlo no han sido exitosos.


Mientras que los intentos por parte del Legislativo eran fallidos, en 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio del expediente No. 5986-2016, declara inconstitucionalidad contra la aplicación de la pena de muerte sobre los delitos antes mencionados. La razón se debe a que Guatemala es firmante de las principales convenciones de Derechos Humanos a nivel internacional, los cuales prohíben su aplicación en nuevos delitos, esto previsto en el artículo 4.2 del pacto de San José.


.2 En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente (Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22 noviembre 1969).


En Guatemala actualmente no existe ningún condenado a muerte debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acatando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Guatemala, cambió todas las condenas a pena de muerte que aún existían por pena de prisión.


Finalmente, con esta decisión en el país, no existen condenados a muerte ni delitos por los cuales se pueda dictar dicha sentencia. Con la vinculación al Pacto de San José, Guatemala no puede volver a aplicar la pena de muerte. Los jueces son conscientes que no pueden dictar dicha pena ya que esto seria un quebrantamiento al orden jurídico nacional e internacional.


La única forma de añadir nuevos delitos al articulo 43 del código penal guatemalteco y la pena de muerte sea viable, es que el Estado de Guatemala denuncie el Pacto de San José y se retire de este, siendo un claro ataque a los demás convenios en materia de Derechos Humanos rectificados por el país. Una acción que provocaría medidas de presión por parte de los Estados u organizaciones internacionales.


Que se hable de la reactivación de la pena de muerte no es una intención surgida hace poco, es algo que se ha usado constantemente durante varios años. Muchos candidatos presidenciales como Zury Ríos y Jimmy Morales lo usaron durante sus campañas electorales, sin explicar la situación actual de la ley, el proceso para su reactivación y las consecuencias que esto conllevaría.


¿Consideras necesaria la reactivación de la pena de muerte en el país?

¿Qué otro medio se podría proponer para castigar a los delincuentes?




Referencias

Agencia Efe. (2017, 27 octubre). La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula la pena de muerte de cinco delitos. www.efe.com. https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-corte-de-constitucionalidad-guatemala-anula-pena-muerte-cinco-delitos/20000013-3420629

Corte de Constitucionalidad. (2017, 6 noviembre). EXPEDIENTE 5986-2016. InFile. https://leyes.infile.com/index.php?id=182&id_publicacion=76801

Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22 noviembre 1969, https://www.refworld.org.es/docid/57f767ff14.html

Principales tratados internacionales sobre Derechos Humanos aprobados y ratificados por Guatemala

http://ww2.oj.gob.gt/cursos/COMPILACION3/docs/instrumentos/Ratificaciones.pdf

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