EDITORIAL

Desde su creación, GTD ha sido una plataforma que ha buscado incentivar la participación y fiscalización política de la ciudadanía. Consideramos que esto es un pilar fundamental de la Democracia y el correcto desenvolvimiento de esta. Dentro del ejercicio político de la sociedad civil, una de las herramientas más efectivas que esta posee para expresar sus demandas es la protesta. Sin embargo, los hechos suscitados el pasado sábado 21 de noviembre significaron un grave atentado contra la población y su ejercicio al derecho de manifestación.


Como ya han denunciado diputados y diputadas, al igual que sectores de la sociedad civil, la policía ya estaba preparada para la represión efectuada. Desde armamento en el sistema de alcantarillado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala hasta planificaciones de “contención” realizadas con días de antelación. Lo visto el fin de semana no resulta producto de la casualidad. Dichos eventos son seña de una estructura policíaca que defiende intereses que no concuerdan con la población. Según declaraciones del Director General de la Policía Nacional Civil, se desplegaron aproximadamente dos mil efectivos el día de la manifestación. Cada uno de ellos se encuentra regulado por el protocolo institucional para el manejo de manifestaciones. Se contempla que, sin importar la situación, la violencia siempre debe ser el último recurso y el diálogo debe prevalecer. Además, esta siempre debe ser proporcional. Esto quiere decir que, si un ciudadano o ciudadana tira una roca a un policía, teóricamente este no puede responder dándole un tiro en la cabeza.


Al leer esto resulta imposible no preguntarse:


· ¿Acaso recibieron alguna invitación de diálogo los manifestantes de la Plaza que fueron vilmente reprimidos con gas lacrimógeno a pesar de estar manifestándose de forma pacífica?

· ¿Acaso los policías accionaron de manera proporcional contra los manifestantes que terminaron por perder un ojo?

· ¿Fue justificada la violencia observada en las capturas realizadas contra manifestantes?

· ¿Es correcto que desde el Ministerio de Gobernación se señale a los manifestantes como terroristas, mientras al ser juzgados, aquellos capturados por la policía, son dados en libertad por falta de mérito?


Esto denota, por una parte, una incapacidad de las autoridades correspondientes para el manejo de la situación. Para la protección de la población guatemalteca en las futuras convocatorias a protestas, es importante exigir la inmediata investigación y sanción del Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el Director General de la Policía Nacional Civil, José Tzubán, además, de todos los elementos de mando involucrados en la represión. Sin embargo, el depurar las cabezas no cambia a las instituciones que representan. Recordemos que ambas instituciones, de antaño y junto al ejército, eran los principales mecanismos represivos de los gobiernos militares durante el Conflicto Armado Interno. Lamentablemente, en Guatemala, y a pesar de los años, algunas cosas simplemente no cambian. Es por ello por lo que las propuestas que salgan de esta coyuntura deben ir encaminadas a realizar cambios profundos a las estructuras y sistemas opresivos que se han asentado en el país a lo largo de su historia.

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